La Caixa Geral de Aposentações (CGA) de Portugal ha detectado un error de cálculo que obligará a ajustar a la baja 2.937 pensiones concedidas entre mayo y agosto de 2026. El fallo técnico, atribuido a un "lapso en la parametrización del sistema de información", provocó que las pensiones se calcularan con importes superiores a los previstos por la ley. Como consecuencia, los pensionistas afectados verán reducidas sus percepciones mensuales en un promedio de 93,31 euros brutos.

Causa del error y alcance del ajuste

Según explicaciones de la CGA, el error se debió a un "lapso en la parametrización del sistema de información" que afectó a "subscritores com 21 anos ou mais de registo de remunerações". Específicamente, el sistema consideró erróneamente la totalidad de los años civiles de la carrera contributiva registrada, en lugar de computar solo los años civiles necesarios para completar una carrera contributiva completa, fijada en 40 años. Esto resultó en la atribución de pensiones por encima de los límites legales.

La corrección afectará a un total de 2.937 pensiones. La reducción media se sitúa en 93,31 euros brutos mensuales para cada uno de los beneficiarios. La ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, confirmó la existencia de una "deficiencia técnica" en el cálculo de estas pensiones.

Procedimiento de notificación y plazo para contestar

La CGA ha iniciado el proceso de comunicación a los pensionistas afectados mediante notificaciones oficiales. En estas comunicaciones, se informa sobre el ajuste y se otorga un plazo de diez días, a partir de la recepción de la notificación, para que los beneficiarios puedan consultar su expediente y presentar una posible contestación. La noticia del error fue inicialmente avanzada por la radio Renascença y posteriormente confirmada por la propia CGA.

Reacción del Gobierno y medidas de devolución

La ministra de Trabajo, Maria do Rosário Palma Ramalho, confirmó el 7 de octubre de 2026, durante la apertura del Congreso de la Confederación Nacional de Instituciones de Solidaridad en Aveiro, que los importes pagados en exceso deberán ser devueltos por los pensionistas. La ministra indicó que el Gobierno tuvo conocimiento del error el 6 de octubre de 2026 y que las soluciones legales para la reposición de los fondos se acordarán individualmente con cada afectado, evitando deducciones abruptas.

“Efetivamente, se se verificar que houve um pagamento indevido, nos termos legais terão que repor, mas as soluções legais serão combinadas com os próprios afetados”, declaró Palma Ramalho, añadiendo que las personas ya han recibido una carta sobre la materia.

Respuesta de los sindicatos y posibles acciones legales

Sindicatos de la administración pública, como la Fenprof y la FESAP, han exigido a la CGA un esclarecimiento público detallado sobre la regla y la fórmula de cálculo que originaron los errores. Los representantes sindicales manifestaron su preocupación por la situación y advirtieron que, de no recibir las aclaraciones necesarias, podrían considerar acciones legales, incluyendo la vía judicial. Se ha señalado que algunos profesores jubilados podrían enfrentar recortes de hasta 210 euros mensuales debido a este error.

Debate político y solicitudes parlamentarias

Los partidos de izquierda en la Asamblea de la República, como el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP), han solicitado explicaciones formales a los ministros de Finanzas y de Trabajo. El diputado del BE, Fabian Figueiredo, ha cuestionado la legalidad de reducir pensiones ya atribuidas y ha pedido la suspensión inmediata de los ajustes, argumentando que tales medidas podrían violar principios constitucionales como la buena fe y la confianza legítima. Por su parte, la diputada del PCP, Paula Santos, exigió claridad sobre si la CGA ha modificado su interpretación de la ley o si se trata de un mero error administrativo.

Las solicitudes parlamentarias buscan determinar si el error se debió estrictamente a configuraciones técnicas del sistema o a un cambio administrativo en la aplicación de las normativas de pensiones. El BE ha señalado que algunos recortes individuales pueden ascender a 100, 200 o 300 euros mensuales, afectando a trabajadores del sector público, como profesores jubilados que regresaron a las aulas a petición del gobierno.

La CGA ha reiterado que las correcciones garantizarán que cada beneficiario reciba la pensión exacta establecida por ley, mientras que los partidos de la oposición buscan asegurar que los jubilados que organizaron sus finanzas basándose en las notificaciones iniciales no sufran dificultades financieras inmediatas durante el proceso de recuperación de los fondos.