El vertido de aguas residuales sin tratar, desechos industriales y escombros desde México hacia el río Tijuana y el sur de San Diego ha expuesto a miles de residentes a aire y agua contaminados. La crisis, detectada hace 50 años, es consecuencia de una infraestructura de aguas residuales inadecuada y la acumulación de contaminantes tóxicos.

Desde 2020, médicos han documentado un aumento en síntomas como dolores de cabeza, asma, náuseas y dificultades de salud mental. El Distrito de Control de la Contaminación del Aire registró un promedio horario de sulfuro de hidrógeno superior a las 500 partes por mil millones cerca del río, cifra que supera en más de 16 veces el límite de seguridad. En zonas urbanas comunes, los niveles suelen estar por debajo de 1 parte por mil millones.

A pesar de la situación, no se ha declarado un estado formal de emergencia de salud pública estatal o federal. En contraste, una crisis de aguas residuales en el río Potomac en enero de 2026, que vertió 240 millones de galones, recibió una declaración de emergencia en un mes. Por su parte, el flujo contaminado del río Tijuana alcanzó más de 10 mil millones de galones en los primeros meses de 2026.

Las medidas implementadas han sido mínimas:

• La distribución de purificadores de aire, iniciada en 2025, ofrece alivio temporal en hogares.
• Inversiones estatales y federales aseguradas para 2025 y 2026 se encuentran en fases iniciales y representan una fracción de los cientos de millones de dólares estimados para una solución integral.

La financiación de mejoras de infraestructura se ha visto afectada por debates sobre qué nivel de gobierno debe liderar la respuesta y si los contribuyentes estadounidenses deben pagar por una contaminación originada en México. Estos debates sobre responsabilidad, financiación y jurisdicción han retrasado la respuesta ante lo que se describe como una emergencia ambiental y de salud pública.