El Departamento de Justicia decidirá si los estudiantes encargados de balones y gerentes participan en las acusaciones de novatadas en Ateneo.

Estado de la investigación en Ateneo

El Departamento de Interior y Gobierno Local (DILG) informó que la determinación sobre la inclusión de ciertos estudiantes en el proceso judicial recae exclusivamente en el Departamento de Justicia (DOJ). La investigación se centra en presuntos actos de novatadas cometidos contra miembros del equipo masculino de baloncesto de la Universidad Ateneo de Manila.

La controversia legal busca determinar la responsabilidad penal de varios oficiales del equipo. Entre los individuos bajo escrutinio se encuentran figuras vinculadas a la gestión directa de los jugadores y el personal de apoyo durante las prácticas y actividades del club.

Participación de estudiantes y personal de apoyo

El punto central de la discusión jurídica radica en si los siguientes perfiles deben ser incluidos en los cargos formales:

• Gerentes estudiantiles: Estudiantes que gestionan la logística y administración del equipo.
• Ball boys: Estudiantes encargados del suministro de balones y asistencia en la cancha.

La autoridad de seguridad ha aclarado que su función se limita a la coordinación de la información, dejando la evaluación de la participación de estos jóvenes en los incidentes de hazing en manos de los fiscales del DOJ.

Contexto del caso de novatadas

Las acusaciones de novatadas han generado una intensa presión sobre las instituciones educativas en Filipinas, debido a las estrictas leyes que prohíben estas prácticas en entornos académicos y deportivos. El caso de la Universidad Ateneo de Manila pone a prueba la capacidad de las autoridades para identificar la cadena de mando y la responsabilidad compartida en incidentes de maltrato durante procesos de ingreso a grupos estudiantiles.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los estudiantes mencionados tuvieron un rol activo en las agresiones o si su presencia fue meramente incidental. El DOJ deberá evaluar las pruebas testimoniales y físicas para determinar si existe fundamento legal para extender los cargos de manera colectiva.